De acuerdo con su informe ‘México: Agudización de la tortura en tiempos de pandemia’, en los primeros 18 meses de esta administración la Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido 522 denuncias de tortura contra agentes federales.
Con esto se suman más de 2 mil 259 casos abiertos, de estos únicamente tres fueron enviados a un juez, solo uno obtuvo sentencia condenatoria, por lo que, con la finalidad de poder frenar la problemática la OMCT señala que es primordial que se publique el Programa nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual se vio pausada para su revisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las víctimas de tortura al igual que organizaciones de sociedad civil han declarado que la Comisión Ejecutiva federal al igual que las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas cuentan con diversas deficiencias, estas no cuentan con recursos humanos, materiales y económicos para poder hacerle frente a estos casos.
De igual manera se detectó el incremento en la violación a derechos humanos cometida contra personas o colectivos que se encuentran vulnerables, entre las cuales se encuentran las personas privadas de la libertad, tan solo en abril de 2021 se contabilizaron 215 mil 232 personas de las cuales 3 mil 380 dieron positivo a Covid-19, 255 de estos fallecieron, las condiciones sanitarias al interior de las cárceles al igual que las medidas y recursos destinados a la atención de la salud se caracterizan por ser precarias, esto incluso antes de la pandemia.
Las fuerzas de seguridad recurrieron a actos de abuso de poder durante esta pandemia para que se llevara a cabo el cumplimiento respecto a las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, al igual que en la dispersión de manifestaciones.
La OMCT denunció que el uso de la fuerza en las estaciones migratorias, así como en corredores y en contra d e las caravanas migrantes es recurrente, asimismo, se registra una falta sistemática respecto a la atención en las necesidades básicas de las personas migrantes y los solicitantes de asilo.
