Seis funcionarios españoles involucrados en un incidente diplomático en la embajada de México en La Paz abandonaron Bolivia el domingo, informó el gobierno boliviano.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió el sábado la salida de los españoles.
Ese día, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España negó en un comunicado que la visita de la encargada de negocios de España a la embajada de México en La Paz, “pudiera tener como objetivo facilitar la salida de personas que se encuentran asiladas” en esa sede diplomática.
El gobierno de Bolivia denunció que la diplomática española llegó “acompañada de encapuchados presumiblemente armados que intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestinamente a la embajada de México en La Paz”, donde están asilados nueve altos cargos del depuesto presidente Eve Morales.
La canciller boliviana Karen Longaric, denunció “abuso y atropello a la soberanía” de su país y anuncio una queja formal a España.
Tanto México como España informaron por separado que la visita de la diplomática española Cristina Borreguero era “de cortesía”, y rechazaron un supuesto plan secreto para sacar a los asilados a quienes el gobierno boliviano negó entregar un salvoconducto y les inició una demanda penal por “sedición, terrorismo” y fraude electoral en las recientes protestas que derivaron en la renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre.
El gobierno interino de Bolivia ha tenido fricciones con el de México desde que ese país concedió asilo a Morales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció un excesivo control policial en las afueras de su embajada en La Paz. España se vio implicada repentinamente en esa disputa.
El expresidente boliviano ahora se encuentra refugiado en Argentina. Fue señalado de fraude electoral para facilitar una cuarta reelección, lo que precipito las protestas que cobraron la vida de 35 personas.
Tras el incidente del viernes, Madrid anunció la llegada de una comisión a La Paz para investigar el caso.
El delegado presidencial de Bolivia, el conservador Jorge Tuto Quiroga, calificó el incidente de “neocolonialismo criminal” y culpó al presidente del gobierno español Pedro Sánchez por lo que calificó de “vergüenza y papelón internacional”.
