La Defensoría Pública del Estado tiene como compromiso la atención de calidad y gratuita a aquellas personas de la población que no cuenten con los recursos necesarios para tener acceso a una orientación o asesoría legal en las diversas materias jurídicas, cumpliendo una de las premisas del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de brindar servicio eficiente a quienes menos tienen.
El director general de la dependencia, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, agregó que la Defensoría cubre todas las áreas jurídicas para representar legalmente a quien lo solicite e incluso también puede intervenir en la defensa de ex y servidores públicos que pidan que se les represente. Consideró que en San Luis Potosí más del 90 por ciento de los casos penales son representados por los abogados de la Defensoría, debido a que quienes representan son personas de escasos recursos o que prefieren ser representados por esa dependencia.
Destacó que en materia de derecho familiar, durante la actual administración del Gobierno del cambio se ha apoyado a cerca de 20 mil menores para que la madre o el padre tengan la guarda y custodia de estos, así como en juicios por alimentos se ayudó a un número considerable de padres y madres de familia. Manifestó que otra de las materias que atienden es el derecho mercantil, principalmente en temas del sistema financiero, que por lo regular quienes solicitan la ayuda de la defensoría es para que no se presenten abusos en el cobro de comisiones o intereses derivados de créditos solicitados.
Gutiérrez Barrios dijo que existe un gran avance en la Ley y ahora se permite a la defensoría intervenir en los casos de los ex y servidores públicos, quienes anteriormente no podían solicitar la ayuda de defensores públicos.
Agregó que la dependencia continuará como una institución de representación legal gratuita debido a que la población lo requiere y existe una gran demanda de casos en todas las materias jurídicas, además que cuentan con personal de defensores en las cuatro zonas del estado, por lo que no es necesario que quien lo requiera se traslade a la capital para solicitar la intervención de un defensor público.
