A través de un comunicado se dio a conocer que el diputado Pablo Gómez Álvarez presuntamente utiliza amenazas a través de sus citatorios para llamar a testigos por el caso de Rosario Robles Berlanga.
En el citatorio con sellos de la Cámara de Diputados y firmada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, se puede leer que en caso de no comparecer se hará uso de la fuerza pública sin que haya ningún otro medio por el cual se podrían poner en contacto.
A través del comunicado se apunta que el poder legislativo no está facultado para el “uso de la fuerza”, por lo que Gómez Álvarez extralimita sus funciones como parte de la Cámara de Diputados.
Además, deducen que se mantiene la intención de llevar el juicio político a su adversaria Rosario Robles Berlanga, mediante la utilización de artilugios no sólo ilegítimos también ilegales.
Mediante el uso de amenazas y extralimitando sus facultades, la sección instructora de juicio político de la cámara de diputados encabezada por el diputado Pablo Gómez Álvarez está citando para este viernes 28 de febrero a 23 personas, ex servidores públicos, para que testifiquen en el procedimiento administrativo que se sigue en contra de Rosario Robles Berlanga en el congreso de la unión.
El legislador de MORENA amaga a los testigos para que “en caso de no comparecer, se hará uso de la fuerza pública, sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio”, aduciendo al artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales"
Con esta advertencia, Gómez Álvarez se extralimita no solo en sus funciones como diputado, pues el legislativo no está facultado para el uso de la fuerza"
Pareciera que el diputado está confundido respecto a la separación de poderes, misma que está estipulada desde la Constitución de 1824, pues el propio artículo del Código de Procedimientos Penales al que hace referencia aplica solo para comparecencias ante el Poder Judicial"
La actitud de Pablo Gómez y sus huestes sólo evidencia dos cosas: tiene un total y pleno desconocimiento de las leyes y/o mantiene la intención de llevar el juicio político contra su adversaria utilizando artilugios no sólo ilegítimos sino hasta ilegales"
Ninguna ley en este país faculta a la sección instructora al uso de la fuerza para obligar a ex servidores públicos a comparecer en el juicio político, lo cual a todas luces es un amago violatorio de los derechos más elementales de las personas"