El Gobierno de México detectó y presentó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley y que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.
“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”, refirió el mandatario federal.
La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.
En este sentido, se aseguró que las empresas que sigan empleando la subcontratación, serán perseguidas como organizaciones criminales y así se les juzgará en caso de llegar a instancias legales.
Así como retomar el tema de los salarios caídos, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones desde noviembre pasado, y sobre todo enfrentar las resistencias ante los cambios que propone la reforma laboral para consolidar el cambio en el sector.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado confió que en el próximo periodo ordinario de sesiones se presente ante el pleno el dictamen sobre la iniciativa que presentó a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social para regular la subcontratación.
Dijo que está por definirse lo relacionado con otro parlamento abierto que propuso el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para ampliar la discusión del tema, donde participen empresarios, investigadores y dirigentes sindicales.
Aclaró que el propósito de su iniciativa no es eliminar el outsourcing ni criminalizarlo, sino acabar con las prácticas ilegales que perjudican a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social.
Gómez Urrutia también apuntó que el ámbito laboral enfrentará grandes desafíos en el 2020, pues los cambios que se han impulsado desde el inicio de la LXIV Legislatura para mejorar las condiciones de los trabajadores y el respeto a sus derechos laborales enfrentan resistencias.
