Actual

Estos son los 16 puntos que enviará AMLO al Senado para consulta

documento presidente.jpg

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la solicitud para realizar la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes del periodo 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 2018.


La solicitud firmada por el presidente López Obrador será entregada al senado a las 11 de la mañana por el consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer Ibarra. 


Aquí la carta íntegra: 


A las y los Senadores de la LXIV Legislatura

del Honorable Congreso de la Unión

P r e s e n t e s

El suscrito, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular en su capítulo II, artículo 12, fracción I, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el

asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y  2

prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa

trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.


SEGUNDO. Los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público, y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo, dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su

determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos treinta años fueron resultado

de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.


TERCERO. El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades

indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.


CUARTO. La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude

electoral, en la lista de la revista Forbes –en la cual figuran las personas más ricas del mundo–, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos, que poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares.

Casi todos ellos, habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos,

Japón y Alemania.


QUINTO. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los Ferrocarriles pero

además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del “rescate bancario” de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.


SEXTO. Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal

intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizó el turbio proceso electoral de 2006 sino por el propio Fox, quien, al año siguiente, en una entrevista con Telemundo, admitió que “era importante detener

a López Obrador”, y en 2010 se jactó de haber “cargado los dados” del proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.


SÉPTIMO. Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa

embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a

“combatir el narcotráfico” que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas

del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las

innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de

resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más

grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los

indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,

era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante

no hizo nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna

en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como

fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o

pasiva con la delincuencia organizada.


OCTAVO. La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia

desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue

señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara

al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición

formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio

Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han

permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos

anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos

de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las

cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN

para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética,

así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes

Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior

a los 200 millones de dólares.


NOVENO. Los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas

otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una

creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples

exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la

sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de

mecanismos de encubrimiento e impunidad, con la adulteración de

disposiciones legales, con las componendas de los partidos subordinados

al régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de 

información nacionales y extranjeros, con acuerdos tácitos de protección

entre los presidentes salientes y los entrantes y con aparatos de

procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes.


DÉCIMO. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las

peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones

presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los ex

presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,

Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en

el ejercicio del cargo. No obstante, el masivo clamor de justicia se

enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que

establece el artículo 108 constitucional, en curso de modificación, para

actuar penalmente en contra de un presidente en funciones, o como la

consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían

podido cometer en el ejercicio de la Presidencia.


UNDÉCIMO. El país se encuentra, en este punto, en una situación en la

que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional

nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes y en la que es

ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este

respecto. En mi calidad de Presidente de la República considero necesario

avanzar en el discernimiento de este punto, sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de

la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.

DUODÉCIMO. Independientemente del curso que tomen las acciones

legales en los procesos en contra de diversos ex funcionarios, tanto en

México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en

términos legales la actuación de los cinco ex presidentes referidos ha de

considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección

histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la

consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia

participativa. Es pertinente señalar que no es ésta la primera ocasión en

la que promuevo tales ejercicios; se han realizado con respecto a la

construcción del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de Huesca,

Morelos, la cervecera en Mexicali y el Tren Maya, y he promovido la

inclusión en la Carta Magna de las consultas regulares de revocación de

mandato.


DÉCIMO TERCERO. En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y

las implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la

Presidencia, propuse la realización de una consulta popular como un paso

necesario para resolver sobre este delicado asunto. Si el pueblo da su

aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales 

acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con

absoluta libertad; si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de

encubrir o solapar conductas ilegales. En lo personal, reafirmo la postura

que he sostenido siempre sobre este tema, en el sentido de que en el

terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo

fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero, que yo

votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de

realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en

la democracia el pueblo decide, y por convicción me he propuesto

mandar obedeciendo. En otras palabras, nuca traicionaré la confianza del

pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de

acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias

contra nadie porque, como lo he afirmado en numerosas ocasiones, no

es mi fuerte la venganza.


DÉCIMO CUARTO. El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad

de iniciar procesos legales en contra de los ex presidentes es en sí mismo

un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas

indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la

impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales,

una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las

responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del 

principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra

Constitución Política.


DÉCIMO QUINTO. La presente petición no contraviene la limitación

establecida en el numeral 3°, fracción VIII del artículo 35 constitucional,

en el sentido de que “no podrán ser objeto de consulta popular la

restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y

en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

ni las garantías para su protección”, por cuanto la consulta solicitada

tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de

interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios

apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. Por el contrario,

la consulta pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos

públicos estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los

Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


DÉCIMO SEXTO. El tema que motiva la presente petición de consulta

popular repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto

de la población, en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Consulta

Popular, al estar involucrados sus intereses e instituciones y dado que los 

11 hechos que la originan revisten por sí mismos una importancia y gravedad

tal, que es preciso someterlos a este mecanismo de participación

ciudadana.


PREGUNTA DE LA CONSULTA POPULAR

En consecuencia y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la

Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego

a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso

sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex

presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,

Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto

antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Por lo aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes:

PRIMERO. Tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito.


SEGUNDO. Dar cuenta de la presente petición de consulta popular y

turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que

correspondan, para su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas

procesales correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por la

fracción I del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular, y demás

disposiciones aplicables.

Palacio Nacional, Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020

rené bejarano compra cachitos.jpg

René Bejarano compra 10 ‘cachitos’ para rifa del avión

Artículo anterior
policia cdmx zocalo.jpg

Más de 2 mil policías resguardarán Grito de Independencia

Siguiente Artículo