Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía, señaló que la dependencia presentó una “investigación profesional y objetiva” en la cual menciona que se establece “la responsabilidad de las personas señaladas en delitos graves”, por lo que asegura que esta determinación “niega el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad”.
Esta Fiscalía no acepta, y la sociedad tampoco debería de hacerlo, que la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia. Las instituciones del Estado deben colocarse del lado de la justicia y en favor de las víctimas, no en contra de ellas”.
Es por esto que Godoy realizó un llamado a los diputados federales para que analicen las pruebas ofrecidas y así decidan si procede o no el desafuero de Huerta y Toledo, asegurando que en el expediente se encuentra “la voz de las víctimas”.
En el periodo extraordinario se trató la prórroga de la entrada en vigor de la reforma en materia de outsorcing, siendo aprobada con 43 votos a favor, 12 en contra y una abstención; asimismo, se ratificó el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública, se espera que se haga lo propio con el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda.
Benjamín Huerta es acusado por violación y abuso sexual en contra de menores de edad, mientras que Mauricio Toledo es señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción.
