Aquellos mexicanos que soliciten asilo en los Estados Unidos podrían ser enviados a Guatemala luego del acuerdo bilateral firmado por ambos países el año pasado, así lo informó la agencia Reuters.
Personal de campo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos recibió la información de que las personas con ciudadanía mexicana estarían incluidos en los grupos “susceptibles” por el acuerdo firmado con Guatemala.
Hasta el momento el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han dado declaraciones; tampoco lo ha hecho el gobierno mexicano.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) informó que al cierre del año, unas 70 mil 302 personas solicitaron la condición de refugiado en México, lo que representa 2.37 por ciento más que en 2018.
Entre las naciones con mayor número de solicitantes de refugio están Honduras, con 30 mil 45; El Salvador, con ocho mil 991; Cuba, con ocho mil 677; Venezuela, con siete mil 662; Haití, con cinco mil 338; Guatemala, con tres mil 758, y Nicaragua, con dos mil 227, indicó su titular Andrés Ramírez Silva, en su cuenta de Twitter @AndresRSilva_.
Al mes de noviembre, el número de solicitudes era de 66 mil 915, de las cuales tres mil 936 fueron en enero; cuatro mil 133, en febrero; cuatro mil 771, en marzo; cinco mil 690, en abril; seis mil 26, en mayo; seis mil 938, en junio; ocho mil 685, en julio; ocho mil 294, en agosto; seis mil 171, en septiembre; siete mil 752, en octubre, y cuatro mil 519, en noviembre.
En 2018, las siete naciones solicitantes de refugio fueron Honduras, con 13 mil 673; Venezuela, con seis mil 326; El Salvador, seis mil 193; Guatemala, mil 349; Nicaragua, mil 271; Cuba, 218, y Colombia, 210.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que desde hoy comenzará el proceso para regresar a México a la población migrante por el puerto de Nogales en Tucson, Arizona, con base en los Protocolos de Protección Migrante.
En un comunicado, la dependencia estadounidense informó que el envío de personas migrantes a territorio mexicano a través de los puertos de salida forma parte de este nuevo protocolo y con la apertura de una nueva salida en Tucson ya serían siete los puertos empleados para frenar el flujo migratorio.
El DHS explicó que quienes intenten ingresar de manera ilegal a EUA por la frontera del suroeste, serán enviados a México mientras esperan la resolución de su situación migratoria. Anteriormente, quienes eran detenidos en Tucson eran devueltos a México a través de El Paso, Texas.
Los Protocolos de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) también conocidos como el programa “Quédate en México”, comenzó a implementarse en enero de 2019.
Consiste en la posibilidad de que ambos países norteamericanos asuman una responsabilidad compartida, donde EUA lleva el proceso legal de los migrantes, mientras México les brinda asilo hasta que reciban un veredicto de la corte.
De acuerdo con cifras del gobierno estadounidense, a un año de la implementación del programa, más de 56 mil personas en tránsito ya se encuentran en México, esperando la resolución de su situación migratoria y no es necesario que sean retenidos en estaciones migratorias durante el proceso.
Hasta el momento, estos nuevos protocolos ya se han aplicado en distintos puntos de EUA y de la zona fronteriza, en cooperación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las estancias migratorias en México. Algunos de los estados que se rigen bajo este programa son San Diego, Calexico, El Paso, Laredo, Brownsville y Eagle Pass.
“Los MPP siguen siendo una piedra angular de los esfuerzos del DHS para restaurar la integridad del sistema de inmigración de los EUA y aliviar la demora aplastante de los casos de asilo pendientes”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional.
A pesar de las bondades descritas por EUA sobre el programa “Quédate en México”, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han advertido sobre los grandes riesgos que implica en materia de violación de derechos humanos de las personas migrantes.
En entrevista con medios mexicanos, la investigadora de Amnistía Internacional, Madeleine Penman, afirmó en noviembre de 2019 que los migrantes trasladados bajo los protocolos definidos por México y EUA dejan a las personas en el “limbo legal”, ya que sus audiencias tardan meses y las posibilidades de recibir una resolución positiva son mínimas.
