La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue trasladada esta mañana al Reclusorio Sur para una nueva audiencia del proceso que enfrenta por presunto uso indebido del servicio público.
La audiencia se realizará a petición de la defensa de Robles, en prisión preventiva en el Penal de Santa Marta Acatitla desde agosto de 2019 por el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles mediante empresas fantasma.
De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que la defensa de la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) insista en que a Robles se le otorgue la medida cautelar de prisión domiciliaria.
La acusada interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre ratificó la medida de prisión preventiva justificada.
La magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, concedió la Suspensión Definitiva de la inhabilitación ordenada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en beneficio de Rosario Robles Berlanga.
Determinó que la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de diez años queda sin efectos hasta que se resuelva el juicio contencioso administrativo 24334/19-17-06-2.
Lo anterior significa que Rosario Robles Berlanga no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados tras considerar que, con la resolución de la Secretaría de la Función Pública “se perjudicaría el derecho de imagen de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación”.
