Luego de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México diera a conocer la sentencia máxima de 60 años por el delito de feminicidio agravado por parte de un ex policía federal de caminos y tras un año de juicio, la familia pide ayuda para los tres hijos de la víctima.

Arturo González Navarro, de 41 años, ex policía federal de caminos, perteneció al destacamento de la Cruz de Elota, en Sinaloa, pero tiempo después fue transferido al municipio de Texcoco, en el Estado de México.

Navarro pertenecía a la división de Seguridad Regional de la Policía Federal, asignado a la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva, Estación Texcoco, lugar donde causó baja por inasistencias. Dejó de presentarse al servicio y omitió devolver diversos bienes, como su arma de cargo. Hasta el día de hoy, se desconoce si dicha arma está de regreso en la Policía Federal.

El expolicía cumplirá una condena de 60 años de cárcel por el feminicidio agravado de su exesposa Rebeca Zárate del Río, de 42 años. También purgará una segunda condena por homicidio, de 19 años con 4 meses. Es decir, un acumulado de 87 años con seis meses de prisión.

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Para la familia Zárate del Río, el 6 de marzo de 2018 fue la fecha que cambió sus vidas. Eran las 10 de la noche cuando Arturo González Navarro, ex esposo de Rebeca Zárate del Río y padre de tres menores, de 16, 12 y 3 años de edad, tocó en repetidas ocasiones el timbre del departamento donde vivían. Un inmueble ubicado en Av. Hidalgo 180, colonia Santa Anita, en la alcaldía de Iztacalco.

Una vez que logró entrar, Navarro subió al cuarto piso. Llevaba una hielera y en su interior una botella de tequila y un cuchillo. El pretexto, visitar a sus hijos.

Dentro, transcurrieron más de dos horas discutiendo con su exesposa. Más de dos horas de amenazas, acoso y chantaje por parte del sujeto contra Rebeca.

Con el paso del tiempo, la discusión subía de tono.

Rebeca había puesto fin a su relación sentimental con Arturo dos años antes, tras sufrir abandono y violencia familiar, luego de 18 años de matrimonio.

Pasada la medianoche del 7 de marzo de 2018, su hija menor, de 16 años, escuchó un grito de su madre. Salió rápidamente de su habitación y la encontró tirada en el piso en posición fetal. Se cubría el rostro mientras su padre le apuntaba con una arma de fuego.

“Por segundos crucé la mirada con mi papá. Le dio un primer disparo en la cabeza. Me quedé parada, le da otro segundo disparo en la espalda. En ese momento salí corriendo para pedir ayuda”, declaró en su momento la menor.

La joven bajó dos pisos del edificio corriendo para buscar ayuda; se encontró con una vecina a quien pidió desesperadamente un teléfono para llamar a una ambulancia y ayudar a su madre. Detrás de ella, su hermana de 12 años y su hermano menor, de solo 3, a quien llevaba sobre su espalda. Los tres, por fortuna, se resguardaron en el departamento de la vecina, sin saber nada de sus padres.

Minutos después llegaron los servicios de emergencia. La menor de 16 volvió a pedir a su vecina su teléfono prestado. Quería localizar a su tía.

La hermana de Rebeca, Adriana, fue quien recibió primero la noticia. Sus padres, Carlos Zarate Castrejón, días antes había sufrido un infarto y recién operado del corazón estaba en la recámara, mientras que la madre, Rebeca Aidé del Río Olivar, gritó desesperadamente al enterarse de lo ocurrido.

Elementos de la policía de la ciudad de México, tras acudir al llamado de emergencia, declararon que al subir al departamento y no recibir respuesta patearon la puerta para ingresar. En el lugar encontraron a González Navarro apuñalándose con un cuchillo en el tórax, junto a Rebeca, que ya había fallecido.

“Me percato que en su mano derecha empuñaba un cuchillo al parecer de cocina, con el cual él mismo se estaba lesionando e hiriendo a la altura del pecho del lado izquierdo, ya que observé como se lo enterró en dos ocasiones, al tiempo que gemía del dolor que le producía herirse”, declaró uno de los policías.

Arturo, aún con vida, fue trasladado al Hospital de Balbuena, a las 2:45 de la madrugada, y quedó bajo custodia en el área de urgencias. El resumen del interrogatorio de exploración física y/o estado mental, refiere toxicomanías a cannabis y cocaína de manera ocasional.

Más tarde, médicos legistas realizaban el certificado médico del cadáver de Rebeca, en el anfiteatro IZC-1. Establecieron como las causas de la muerte: dos disparos y doce puñaladas. Arturo Navarro acabó con la vida de Rebeca de una manera brutal. De acuerdo con el acta de defunción, el deceso ocurrió a la una de la mañana con cuatro minutos.

Casi dos horas después, a las 3:03 de la mañana, se abrió la carpeta de investigación en la agencia del Ministerio Púbico Iztacalco-1 por el homicidio doloso con arma de fuego en contra de Rebeca Zarate del Río. A partir de ese momento, comenzó la pesadilla.

Hace un año, conocí el caso de Don Carlos, un hombre de 65 años, enfermo de cáncer y parkinson. También, con un problema del habla. Sin embargo, eso no le impidió enfrentar los obstáculos de la justicia mexicana. A costa de su salud, a costa de su vida, a costa de todo, nada le iba a impedir buscar justicia, aun cuando nadie le pudiera regresar a su hija.

Su esposa, Rebeca Haydee del Río de 63 años, luchó toda su vida para sacar adelante a sus hijos, ahora debe hacer lo mismo por los de Rebeca; hace trabajos de costura que a veces termina hasta entrada la madrugada; su compañía son una silla y una máquina de coser, pero también su única fuente de trabajo.

En cuestión de minutos, les cambió la vida.  El asesinato de su hija les dejó además del dolor, la responsabilidad de tres niños.

 “Días antes de su muerte mi hija dijo que si algo le pasaba, sus hijos se quedaran con nosotros”, narró la madre de la víctima.

Han pasado 14 meses y la preocupación los acecha todos los días: los gastos de comida, escuela, médico, transporte público, gasolina, material de la escuela, ropa y zapatos.

“No me pesa mantener a mis hijos, solo que ya estoy muy grande, no tengo trabajo y estoy enfermo”, dice Don Carlos.

Los tres menores llegaron a casa de sus abuelos la madrugada del 7 de marzo de 2018, sin ropa ni cosas. Tiempo después las autoridades les permitieron sacar únicamente ropa y algunos objetos personales.  Ya no regresaron al departamento, se quedaron bajo el resguardo de sus abuelos. Al día de hoy, el departamento está ocupado por desconocidos.

Los abuelos maternos, temen que sus nietos no tengan un patrimonio para subsistir, porque son menores.  No se ha promovido un juicio familiar. Se pidió el apoyo a la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, en materia familiar. Esperamos respuesta.

Don Carlos no tiene empleo, vive de su pensión que les dura tres días.  Con él sobreviven seis personas y dos perritos, con apoyo de lo que obtiene por el trabajo de costura su esposa.

Ninguna autoridad los ha apoyado desde el asesinato de su hija. Ni acompañamiento. “Ha sido muy difícil para nosotros, todos los días lloro, pero tengo que trabajar y sacar adelante a mis hijos”, afirma la madre de la víctima.

Con lágrimas en los ojos, describe a su hija. Al término de la entrevista para el portal de La Saga con Adela Micha, revisamos las denuncias que había interpuesto Rebeca en años anteriores. Todas, sin respuesta. Su ex pareja actuaba con total impunidad.

“Pedir justicia en México, es para los que tienen dinero.  Todos los abogados que he visto me cobran muchísimo, no puedo pagarlo, apenas y nos alcanza para la comida,” dice Don Carlos.

Conocí a los tres hijos de Rebeca. Son muy pocas las instancias gubernamentales que atienden estos casos. Con el cambio de gobierno, nadie quiso tomar cartas en el asunto. La justificación: no sabemos quién quedará en el cargo.

Logré una cita con Gabriel Regino, del despacho Regino Abogados ubicado en Río Sena 84, en la ciudad de México. Comentamos el caso, se revisaron las denuncias y se agendó una cita con Don Carlos, en sus oficinas. Se informó que la familia no podía pagar el juicio. Regino, ofreció el apoyo incondicional a la familia Zárate y así lo ha hecho hasta el momento.

“Cuando llegué al despacho del Sr. Regino, me imaginé que me iban a cobrar una fortuna. Me recibió Irving Regino y me dijo que el apoyo era totalmente gratuito y que no me preocupara”, comenta Don Carlos. A partir de ese momento, Don Carlos, tomó un respiro. Ya habíamos logrado dar el primer paso hacia la justicia.

El abogado Irving Regino estudió en la UNAM. De 30 años, logró la primera sentencia máxima por feminicidio agravado en la ciudad de México. Recuerdo que solicitó al juez de oralidad, miembro del Tribunal de Enjuiciamiento adjunto al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, llevar el juicio de Rebeca, con perspectiva de género. El Juez, pidió limitar sus comentarios.

En 2016, Rebeca Zárate Del Río había interpuesto una denuncia contra el padre de sus hijos por violencia intrafamiliar, agresiones físicas y verbales contra ella y su hija menor de 12 años. Carpeta CI-FIZC/IZC-1/UI-1 S/D/00691/07-2016, que quedó en el olvido y que dos años más tarde, desconocía que la víctima había sido brutalmente asesinada, por su ex marido.

Rebeca era una mujer que siempre tenía un consejo y una sonrisa para los demás, asegura su padre. Cuenta que su hija denunciaba frecuentemente violencia económica, física, psicológica, sexual, acoso y amenazas de muerte. Una tía del agresor, incluso, confirmó el acoso.

De acuerdo con la madre de la víctima su hija se negaba a irse por temor a que Arturo la encontrara y les hiciera algo a ellos. La violencia que ejercía Arturo contra su ex mujer era tan grave que la veía normal, al igual que las faltas de respeto y las amenazas constantes.

El control que Arturo tenía sobre Rebeca llegó al grado de destruir sus objetos personales, como sus teléfonos celulares. Creía que Rebeca tenía una relación amorosa con otra persona y, decía, eso lo volvió loco.

“Me da mucha vergüenza decirlo, pero mi papá le decía a mi mamá, eres una zorra, eres una puta, te voy a matar, si me muero te vas al hoyo conmigo, porque si no eres mía de nadie más”, declaró la menor de 16 años.

Rebeca conoció a Arturo en el último año de la preparatoria, su relación de noviazgo fue de cinco años.  Ella terminó la carrera de psicología en la UNAM, y Arturo ingresó a la Academia de Policía a los 19 años, cuando terminó la preparatoria. El 27 de octubre de 1999 contrajeron matrimonio; y fue hasta 2016 que la ahora occisa terminó la relación.

Un mes después, tras la denuncia de violencia intrafamiliar, Arturo González Navarro promovió el divorcio con el número de expediente 1304/2016 en el juzgado décimo primero de lo familiar. Un proceso legal que inició el 5 de agosto de 2016. No pudieron concluir los trámites. La razón, los celos de González Navarro que lo llevaron a cometer un homicidio y huir.

Rebeca, tras la separación, buscó trabajo como auxiliar administrativo en la empresa R7D S.A. de C.V. En ese entonces la ahora víctima promovió una orden de restricción contra su expareja, sin embargo, seguía acosándola.

Dos meses después, en octubre de 2016, Rebeca salió a comprar comida junto con Juan Antonio Rodríguez Salgado, compañero de trabajo.  Arturo, que la vigilaba desde un auto sin placas, atentó contra la vida de Juan Antonio Rodríguez. Se abrió una carpeta de investigación en su contra, con número de referencia: CI-FAZ/AZ-1/UI-3S/D4587/10-2016, por el delito de homicidio con arma de fuego. Los hechos se registraron en las calles José F. Gutiérrez y Primavera, afuera de una taquería semifija de nombre: Tacos Osorio, en la colonia Ángel Zimbrón, en Azcapotzalco.

 “El único delito que cometió ese muchacho inocente, fue acompañar a mi hija por tacos”, asegura el padre de Rebeca. Dos meses después, Rebeca fue despedida.

Cabe destacar que Arturo González Navarro fue formalmente detenido el 9 de marzo de 2018 (dos días después del asesinato de Rebeca), pero por el homicidio de Juan Antonio Rodríguez, no por la muerte de su ex pareja. Fue cuando lo ingresaron al Reclusorio Norte a las 13:38 horas.

El 10 de junio de 2018 dieron por cerrado el caso de Juan. Sin embargo, 19 días después se presentó un escrito de acusación 010/0239/2018, presentando como medio de prueba el caso de Rebeca. Siete meses después, el 12 de febrero de 2019, se dicta la sentencia de 27 años con seis meses de prisión y una indemnización de $365,200.00 pesos. Hasta el momento, su familia no ha recibido nada.

Las dos hijas de 16 y 12 años de edad cuentan que su padre los abandonó en Sinaloa en el 2015. Más tarde, lo transfieren al municipio de Texcoco, en el Estado de México, y no vuelven a saber de él. Comían solo salchichas. Dos meses más tarde, Rebeca pide ayuda de su familia para poder regresar a la ciudad de México. Su hermano viajó hasta Sinaloa en avión y regresó en automóvil con ellas.

La falta de responsabilidad de Arturo hizo que Rebeca interpusiera una demanda del orden familiar por pensión alimenticia, hecho que enfureció a su ex esposo y dejó de trabajar. El 15 de agosto de 2016, con número de expediente 1302/2016 del juzgado 38 de la familiar, dictan el descuento del 45% por cierto provisional, por concepto de pensión alimenticia, a favor de sus tres hijos. El diagnóstico social, indica que Rebeca se encuentra en extrema vulnerabilidad, sin empleo y cubriendo los gastos con una liquidación. Sus padres la apoyaban con comida y dinero.

Más tarde, Rebeca consiguió otro empleo en una empresa internacional de nombre ADECCO, cuyas oficinas centrales se ubican en el WTC, como analista de compras. Con la separación de Arturo, aun sin concluir los trámites de divorcio y sin dinero que cobrar, porque el agresor ya no trabajaba.

De nueva cuenta volvió a ser vigilada por su ex pareja, acosada, le llamaba a su celular de diferentes números y llegaba en vehículos diferentes a buscarla en su casa y oficina.

Los tres últimos años fueron quizá los más difíciles de la vida de Rebeca. Una mujer que el 13 de junio cumpliría 43 años.

Actualmente los padres de la víctima, se encargan totalmente de los tres menores. Se acerca el cumpleaños de la que tiene 12 y en septiembre su hermana cumplirá la mayoría de edad. Han sido años de dolor y violencia para estos niños.

Tras un año de asistencia jurídica gratuita por parte de Regino Abogados, el licenciado Irving Regino, con cédula profesional 7403225, avisó a los familiares de Rebeca que se aproximaba la audiencia final para la sentencia de Arturo González Navarro.

El 29 de abril de 2019 fue un parteaguas para la familia. Iniciaba la audiencia por el feminicidio agravado de Rebeca Zárate del Río, en la sala de oralidad 1, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, tras un año de juicio.

Momentos de angustia y mucho dolor. Revivir los momentos de aquel 7 de marzo fueron muy complicados, para todos. La señora Rebeca, mamá de la víctima, llegó al Reclusorio Norte con la foto impresa de su hija. Quería justicia.

“Espero justicia para mi hija, por la forma tan violenta en que la mataron. Espero que los jueces tengan piedad de nosotros y se termine este calvario que no nos ha dejado vivir. No nos ha dejado de doler. Le pido al juez una sentencia máxima, por el feminicidio agravado. A mí me dejó sin una magnifica hija. Mi esposo y el abogado, que han luchado día a día, que no han parado por tácticas del imputado para alargar el proceso, confiamos en que se haga justicia. Nuestro corazón jamás va dejar de doler… ¿Cómo se puede quitar este dolor?” declaró en entrevista, la mamá de la víctima, afuera del Reclusorio Norte.

Mientras que Don Carlos, afuera del Reclusorio Norte, agregó: “Espero justicia, que podamos descansar. El dolor no va desaparecer y nuestra hija no la vamos a recuperar. Confío en Dios y en mis abogados, quienes han hecho hasta lo imposible para que se haga justicia”.

“Esperamos que se lleve un juicio con perspectiva de género, que se pueda cumplir con la reparación del daño a las víctimas, que tenga una sentencia, dadas las condiciones que se dio el hecho”, declaró Irving Regino, abogado de las víctimas.

En ocasiones anteriores, la defensa del agresor confronto a las víctimas con una actitud grosera y comentarios misóginos. Se comportó con total falta de ética y profesionalismo.

“Encontramos diversos tipos de abogados, no coincido con su postura. Sin embargo, es muy respetable, él sabrá su estrategia. Hay situaciones en las cuales, más allá del ejercicio profesional, debe prevalecer la ética”, declaró en entrevista, el Lic. Irving Regino, abogado de las víctimas, también afuera del Reclusorio Norte.

Los familiares solo piden apoyo de la sociedad, porque desde el asesinato de su hija la situación ha sido muy complicada pare ellos. “Quien pueda ayudarnos que Dios se lo pague, y nuestro eterno agradecimiento. Ha sido muy difícil, pero hemos contado con gente maravillosa, entre ellas mi abogado, que no me ha dejado pagar un peso de mi bolsa”, comentó Don Carlos

“Tres niños llegaron en la madrugada, hemos tratado de sacarlos adelante con mucho amor, los amamos. Hemos hecho lo imposible, luego de que su padre los dejó sin madre. Dios bendiga a mi familia y a todos los que nos han apoyado”, agregó por su parte la madre de la víctima.

Estuvimos presentes en la audiencia, que duró horas. Escuchamos las comparecencias de las víctimas, como testigos protegidos, y testigos de los hechos.

Pudimos ver de frente al asesino, quien no dio ninguna señal de arrepentimiento. No derramó ninguna lágrima, incluso tras escuchar a su hija de 16 años cuando relataba los hechos.

Arturo fue el último en comparecer y dijo: “Ella me ataca con el cuchillo, cuando estaba dormitando en la sala. Fue cuando le di el primer disparo. Me dijo, te voy a matar, y le doy un segundo disparo.  Nunca he sido mal padre y nunca los abandoné, vivían en mi casa”. Así lo aseveró González Navarro en su declaración ante el juez.

Su defensa reveló que Arturo pidió ver a sus hijos en la cárcel. Pero ellos no quisieron tener contacto con él. En realidad se trataba de una mera estrategia del detenido para reducir su sentencia.

El martes 7 de mayo de 2019 fue declarado culpable a Arturo González Navarro por el delito de feminicidio agraviado en contra de Rebeca Zárate del Río. Le dictaron una condena de 60 años de cárcel.

Finalmente se hizo justicia. Le dictaron pena máxima. Sin embargo, las omisiones en el caso fueron graves:

*Desde la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, hasta la falta de sensibilidad de un juez de oralidad, que no respetó el dolor, de acuerdo con la Ley General de Víctimas.

*Coartar el derecho de expresión, tras los hechos sucedidos.

*Dirigirse a la defensa para llamarle la atención, del porqué no asesoraban a sus víctimas.

*Un juicio que inició con más de 40 minutos de retraso.

*Durante la comparecencia, el Ministerio Público, no sabía el nombre de la víctima y mucho menos el nombre del agresor dijo: “Creo que se llama Juan Carlos, pero es el que está en esta sala”.

En la sala de testigos protegidos, los menores de 12 y 16 años, que ahora tienen 13 y 17 años, estuvieron junto con la madre de la víctima,  acompañadas por un asesor jurídico privado Iraís Magaly Roldán Soto, por parte del equipo de Regino Abogados; una trabajadora social víctimal, Dulce María Pavía Martínez, una psicóloga víctimal, Nitzia Dalia Martínez Rodríguez; quienes representaban a las menores de edad. Principalmente por la menor de 17 años, quien fue la que compareció por los hechos.

En la audiencia, la familia de la víctima, fue acompañada por tres asesores jurídicos privados:

-Iraís Magaly Roldán Soto, Blanca Rosa Domínguez Reyes y José Irving Arellano Regino, por parte del equipo de Regino Abogados.

La defensa integrada por dos abogados de oficio y sin familiares presentes del acusado, para escuchar la audiencia que fue pública.

Una de las tantas peticiones de los familiares de la víctima, es que el cadáver de su hija Rebeca sea exhumado. El cuerpo se ubica en el panteón Tarango, ubicado en 5 de mayo y Milpa Alta S/N en la colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón. “No me dejaron enterrar a mi hija en otro panteón. Está al lado de un basurero”, declaró la madre en entrevistas anteriores.

De acuerdo con la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los cuerpos serán entregados a sus familiares hasta que se determiné si fallecieron de manera violenta, con una sentencia. Para poder entregar el cuerpo, tendrían que pasar siete años.

Nos encontramos en un país en el que, en promedio, ocho mujeres mueren a diario a manos de sus parejas.

Stephanie Palacios, reportera.