La defensa de Rosario Robles presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita una recomendación y terminen las acciones que mantienen a la extitular de Sedesol en prisión.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Rosario Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en específico contra el juez citado, por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.
Argumentaron que si bien se reconoce que los hechos materia de esta denuncia se encuentran en trámite ante las diversas autoridades que señalamos en líneas superiores; sin embargo y tal y como se señala en los hechos materia de la presente denuncia, no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicanos, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nugatoria la protección de los derechos de la víctima.
Además de presentar pruebas y argumentos que dan fe de la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con Dolores Padierna, la defensa legal de la ex secretaria de estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.
También solicitaron se tome en cuenta que la hoy víctima se enfrenta a una situación especialmente grave, ya que la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia total de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario.
“No cabe duda de que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal”, aducen en la denuncia presentada.