Frente a una decisión parcial y, en consecuencia ilícita, por parte del “Juez” de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el equipo de abogados que representa a la Maestra María Rosario Robles Berlanga, exigimos que se respeten sus derechos humanos y constitucionales a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso, por lo que estimamos que presentado y tramitado el recurso jurídico correspondiente deberá ser modificada la medida cautelar de prisión preventiva impuesta ilegalmente a nuestra representada y, así, conforme a Derecho pueda enfrentar el proceso penal en libertad.
Los defensores de la Maestra María del Rosario Robles Berlanga, confiamos en el Poder Judicial de la Federación y estamos convencidos de que en su seno se difiere del criterio aislado e ilegal del “Juez” de Control, por lo que ya trabajamos en los recursos legales para que nuestra representada pueda enfrentar su proceso en libertad y, en consecuencia, se respete su Presunción de Inocencia y Debido Proceso, tal y como lo señalan nuestra Constitución, los Tratados Internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, es público y notorio que dicho Juzgador al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales, sin respetar criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales de manera categórica han sostenido que la prisión preventiva tiene que ser excepcional, de lo contrario la imposición de la misma violenta la Presunción de Inocencia de un imputado que NO ha recibido Sentencia Condenatoria por un Tribunal competente, tal y como acontece con nuestra defendida la Maestra María del Rosario Robles Berlanga.
Además de ello y como es de conocimiento público, nuestra Carta Magna, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, imponen como obligación a los Jueces mantener en prisión preventiva a las personas imputadas por alguno de los delitos que señala el artículo 19 Constitucional, es decir, los delitos de prisión preventiva oficiosa, entre los que evidentemente NO se encuentra el delito previsto y sancionado en el artículo 214 fracción III (Ejercicio Ilícito de Servicio Público), en relación con el artículo 64, ambos del Código Penal Federal, delito por el que indebidamente se Vinculó a Proceso a la Maestra María del Rosario Robles Berlanga, quien - se insiste - tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad.
Tal y como se ha expresado previamente por esta defensa y por un sin número de especialistas en la materia, Ex Ministros y tratadistas nacionales, como internacionales, el “Juez” de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, violó flagrantemente los conceptos y principios relativos a las medidas cautelares, como son la idoneidad y proporcionalidad, establecidos en los artículos 154, 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Nuestra defendida y su equipo de abogados nos sentimos ofendidos por la parcialidad con la que actuó el “Juez” Delgadillo Padierna, quien además de sus comentarios despectivos, de género y ofensivos hechos durante las Audiencias, resolvió claramente fuera de todo contexto jurídico, razón por la que en breve presentaremos una Queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federación, puesto que su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por otro lado, reiteramos nuestro respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, a quienes les reiteramos nuestra voluntad de colaborar en las investigaciones relacionadas con la Maestra María del Rosario Robles Berlanga y la denominada “Estafa Maestra”.
Finalmente, sostenemos y estamos convencidos de la inocencia de la Maestra María del Rosario Robles Berlanga, lo que acreditaremos mediante un proceso justo y ajustado a Derecho.
