El primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, expuso que el organismo documentó entre 2010 y 2019 diversas omisiones del Estado mexicano respecto a sus obligaciones en materia de protección y garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que a su juicio han propiciado el incremento de esa situación.
El sobrepeso y obesidad en ese grupo de la población constituye una “emergencia epidemiológica "y un problema de derechos humanos que compromete su desarrollo integral", enfatizó.
Incluso, señaló que los programas y estrategias que se han implementado están desarticulados y sus indicadores no permiten monitorear adecuadamente sus resultados.
Como ejemplo, refirió que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) observó que el indicador sobre la prevalencia de obesidad infantil del Plan Sectorial de Salud 2013-2018 no es monitoreable y requiere incluir desagregación por sexo.
Tanto la actuación de diversos actores públicos y privados, como de autoridades educativas, medios de comunicación, empresas productoras y comercializadoras de alimentos y bebidas, responsables de la regulación de la publicidad, y la sociedad en general, incide directamente en el incremento del sobrepeso y obesidad en la población menor de 18 años de edad, estableció.
Según la CNDH, las autoridades federales han sido omisas en diseñar e implementar políticas públicas integrales con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia para prevenir, atender y eliminar el sobrepeso y la obesidad infantil.
Ante ello, emitió una serie de recomendaciones generales y específicas a autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas suscribir convenios de colaboración para atender los problemas de sobrepeso, establecer estrategias de corto plazo para ello y diseñar políticas públicas adecuadas.
También pidió realizar las gestiones correspondientes para atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativas a establecer un impuesto de 20 por ciento al consumo y la importación a las bebidas de alto contenido energético o que contienen azúcares añadidos, y que éste se destine a revertir la emergencia.
Los ingresos obtenidos por este concepto, propuso, deberán asignarse a la Secretaría de Salud, a efecto de que los destine a investigaciones, estudios, programas, estrategias y políticas para la prevención y atención del sobrepeso y la obesidad y promoción de hábitos de vida saludables.
A la Secretaría de Economía recomendó llevar a cabo las acciones que, en el ámbito de su competencia, resulten necesarias para garantizar que la revisión, discusión y en su caso aprobación del proyecto de modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, sobre el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, sea acorde con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Fuente: Notimex
