La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que les dieron “atole con el dedo” en los diálogos sobre la ley contra factureras, por lo que de aprobarse en los términos actuales interpondrían un juicio de amparo.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo, Reginaldo Esquer Félix, señaló que harían legalmente lo que corresponda promover, porque es un ejercicio cívico y el sector empresarial siempre se ha manejado en la vía institucional.
“Si tenemos las condiciones legales sí, estaríamos dispuestos a revisar y a coordinar la posibilidad de promover un juicio de amparo, en el caso de quienes tengan otras oportunidades como los mismos diputados o senadores que votaron en contra, que tendrán el derecho de promover”.
Y es que, comentó, con esta reforma los “buenos empresarios” podrían ser procesados, incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada, por lo que consideró se trata de una “nueva era de terrorismo fiscal”.
Esquer Félix argumentó que pese a trabajar y llevar información a las autoridades respecto a la ley contra las factureras, los atendieron, pero no los entendieron.
“A pesar del esfuerzo que hicimos no pudimos influir, no pudimos convencer y teníamos argumentos, teníamos razones, teníamos todos los elementos para que se entendiera y no se logró”.
Por lo que, precisó, ya no resta más que ir a los tribunales federales, los cuales esperan recojan sus observaciones con mejor entendimiento y puedan resolver la preocupación que les aqueja.
A su vez, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Arturo Pueblita, argumentó que con la medida no se podrán obtener más ingresos tributarios, serán menores, y en todo caso se promueve que los empresarios opten por dejar de invertir en el país.
“Se estaría utilizando una herramienta penal para el incremento de la recaudación, que es lo que se promueve… Si queremos incrementar la recaudación tenemos que generar un crecimiento económico”, añadió.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen en materia de combate a la defraudación fiscal y la falsificación de facturas.
El día de hoy en el plena de la Cámara de Diputados se votó dictamen con 318 votos a favor, tres abstenciones y 121 en contra.
El objetivo de esta modificación es que la defraudación fiscal y la facturación de operaciones simuladas sean presentadas como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, asimismo, a los que cometan este tipo de acciones se les imponga prisión preventiva de oficio.
Por lo anterior se harán modificaciones y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada y la Ley de Seguridad Nacional, asó como a los códigos Fiscal de la federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal. Asimismo, tendrán el propósito de erradicar a las más de nueve mil empresas fantasma, las cuales se dedican a expedir facturas falsas, cuyo monto defraudado supera los 250 mil millones de pesos cada año.
El SAT informó que la facturación apócrifa aumentó durante los últimos cuatro años, donde se han identificada aproximadamente a 10 mil empresas, las cuales se estima que han defraudado cerca de 1.6 billones de pesos.
Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro, señaló que con estas reformas el Poder legislativo podrá ponerle fin al "huachicoleo fiscal".
“Legislar sobre este tema será un factor que va a influir en la recaudación de ingresos para el año que entra y por eso sí es importante que esté en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Es una prioridad para nosotros”.
