La denuncia presentada por defraudación fiscal y peculado, en contra del candidato Enrique Cárdenas Sánchez, exhibe el abuso administrativo de quién era responsable de cuidar los recursos donados por la sociedad poblana, para apoyar a estudiantes e investigadores.
Basada en datos de transparencia del SAT la acusación, presentada a la Fiscalía General de la República por el académico Álvaro Ramírez Rivera,señala que el salario del ahora aspirante a gobernador, rebasó el porcentaje permitido para gastos de administración a este tipo sociedades.
Estos actos representan una posible defraudación fiscal y peculado, en tanto los donativos pasan a ser dinero público al provenir de una exención de impuestos afirmó el catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Mientras el candidato a la gobernatura del estado, por el PAN, PRD y MC, ha querido escudarse en que se trata de una guerra sucia, los datos prueban que cobró más de 24 millones de pesos en salarios, durante los 12 años que trabajó al frente de una asociación sin fines de lucro, dedicada a otorgar becas de excelencia a estudiantes de Puebla y promover investigaciones sociales.
La información de transparencia de donatarias autorizadas por el SAT, comprueban que en su carácter de representante legal y director ejecutivo de la asociación, del 2005 al 2017, el ahora candidato habría consumido con su salario el 8.46% de los ingresos obtenidos a través de donaciones. por parte de la fundación.
En tanto el ex rector aseguró en sus cuentas, de redes sociales, que la asociación para la que trabajó ya fue auditada, las cifras relativas a su gestión demuestran el abuso y violación a las leyes fiscales vigentes de su parte, como directivo de la fundación.
De acuerdo al reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RLISR), abrogado en el 2015 así como el inciso A del Artículo 138 del RLISR vigente, los gastos de administración de cualquier institución donataria no pueden exceder el 5% de los donativos y rendimientos obtenidos, incluidos salarios, oficinas, gastos de representación, etc.
Queda por aclarar cómo, el entonces director, pagó el resto de gastos de administración de la sociedad civil, los años en que su salario absorbió más del 5% de los donativos logrados.
A sus ingresos como director de la asociación civil, Cárdenas Sánchez tendría que sumar los ingresos que percibió como catedrático del ITAM y de la Universidad Iberoamericana de Puebla, empleos que ejerció simultáneamente durante esos años, de acuerdo a su curriculum.
El SAT deberá investigar si las declaraciones fiscales del ahora candidato corresponden a las compensaciones percibidas en esos años, lo que encuadra en el delito de defraudación.
Los datos exhiben un daño contra donadores que de buena fe respaldaron con recursos una asociación seria, honesta y transparente; un desvío de recursos de los objetivos sociales de la agrupación para un beneficio personal, de acuerdo a la denuncia.
En el 2014, el entonces representante legal y director ejecutivo de la asociación civil, Enrique Cárdenas Sánchez, percibió un salario anual de 4 millones 531,906; en el 2016, 4 millones 518, 608 y en el 2017, último de su gestión, 4 millones, 114, 982.
Estos ingresos representan el 95 veces más de lo que gana un profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo salario anual ronda los 220 mil pesos.
