La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia contra Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de Procesos Legales, la Unidad de Inteligencia Financiera lo acusa por haber actuado a favor del exgobernador Javier Duarte y reclasificar sus delitos de delincuencia organizada.
De acuerdo con información de Milenio se señala que la UIF tiene evidencias de tres meses antes del cambio de gobierno, se registró que Balbuena solicitó al ministerio Público que se reclasificaran los delitos, deslindándose de de la investigación y de la denuncia que años antes se había hecho contra el exgobernador y otras nueve personas, donde se les acusa de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.
El proceso de la indagatoria se registra que inició el 16 de octubre de 2016, donde la UIF presentó a la Subprocuraduría Especializada en Investigacion de Delitos Federales en el oficio 110/F/B/3465/2016, donde se denuncia 10 personas por haber realizado operaciones financieras quienes “introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud".
“Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lícitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz”.
Se informa que los otros denunciados son Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.
Fue en octubre de 2016 cuando se abrió una carpeta de investigación y el 22 de junio de 2017 lograron que un juez especializado del Ceentro de Justicia Penal de la Ciudad de México vinculara a proceso a Javier Duarte por los delitos que se le imputan.
No obstante, se señala que en el 2018 Mauricio Moreno Balbuena, director general de procesos legales presentó un escrito donde formuló alegatos con los que pretendía que el Ministerio Público reclasificara el delito a favor de Duarte.
“La conducta imputada a Javier Duarte, no se adecuó a los extremos jurídicos para actualizar la delincuencia organizada, sino de asociación delictuosa; en razón que no se actualiza el elemento de permanencia a una organización criminal, al carecer de datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y andamiajes requeridos para hablar de delincuencia organizada”.
El Ministerio Público imputó a Duarte por nuevos delitos el 26 de septiembre de ese año, asimismo, Balbuena solicitó que se reabriera el procedimiento lo que ocasionó que el exgobernador obtuviera una sentencia menor de nueve años y el pago de una multa 58 mil 890 pesos, también el decomiso de 40 inmuebles.
El Gobierno de México detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley y que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.
“Se comprobó, entre otras cosas, que 14 mil empresas despidieron y se quedaron sin 60 mil trabajadores en diciembre; pero en total el despido de trabajadores en diciembre, fue de 380 mil trabajadores", expuso el mandatario.
Dijo que esto es "algo increíble y tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos”.
También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para analizar actuaciones de empresas que afectan a trabajadores.
“No se había hecho ningún tipo de investigación anteriormente, durante las administraciones pasadas no se había atendido este tema y fue creciendo (...) por ello, en este grupo interinstitucional estamos colaborando, compartiendo información. Estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo”, refirió la funcionaria.
Por su parte, Zoe Robledo, director del IMSS, detalló que el trabajo que ha realizado hasta el momento del grupo interinstitucional para frenar los “esquemas agresivos de subcontratación ilegal” contemplaron inspecciones laborales a través de la STPS.
También, añadió, revisiones fiscales a cargo del IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras.
El funcionario aseguró que los primeros resultados de este grupo de trabajo fue que se detectaron a las mil 200 empresas que realizan subcontratación, sobre las cuales las autoridades tomarán acciones específicas para que cumplan las leyes laborales.
“Este grupo de trabajo de septiembre a diciembre identificó un primer grupo de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal. En estas mil 200 empresas están cerca 860 mil trabajadores en algunos de estos esquemas y ya en 2020 se están planteando nuevas acciones para empresas que estén de manera irregular para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento de la ley y el resarcimiento de los derechos de los trabajadores”, afirmó Robledo.
