El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que se apliquen sanciones por una cantidad de más de 585.2 millones de pesos, debido a las irregularidades que se detectaron en la fiscalización de gasto ordinario que hicieron los partidos políticos durante las elecciones del 2018.

En un comunicado del instituto se señaló que dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en lo general

Los dictámenes que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización establecían que las sanciones oscilaban en los 912 millones de pesos, debido a que se contemplaron multas por no regularizar sus bienes, así como por los adeudos de impuestos. 

Se resaltó que el partido Morena será el que reciba más sanciones con el 41 por ciento del total, es decir, que la multa es de 238.8 millones de pesos. Asimismo, en el segundo lugar está el PAN, con irregularidades que establecen una multa de 68.7 millones de pesos.

A su vez, la sanción para el PRD es de 65.5 millones de pesos, después está el Partido del trabajo con 56.9 millones, mientras que el PRI tendrá una sanción de 56.3 millones de pesos, el Movimiento Ciudadano tiene una multa de 37.7 millones de pesos.

Asimismo, el Partido Verde tendrá que pagar 28.6 millones de pesos, Nueva Alianza 13.6 millones de pesos, pese a que este partido perdió el registró también fue sancionado.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero del presidente, señaló que la fiscalización electoral se ha vuelto el diseño de la democracia mexicana.

También mencionó que es necesario que se siga haciendo esta fiscalización, no como una lógica punitiva, sino como una lógica de transparencia y de fortalecimiento de los partidos políticos. 

Reducción presupuestal a INE pegaría a aspectos de seguridad, señalan

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que de reducirse el presupuesto a esta institución los partidos políticos tendrían que definir los rubros de ajustes a través de un acuerdo, toda vez que las garantías de seguridad en los comicios tienen costos importantes.

Al acudir a una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sostuvo que la institución reconoce las necesidades de austeridad, pero para gastar menos tendían que prescindir de ciertas herramientas de seguridad.

Ante el presidente de dicha Comisión, Alfonso Ramírez Cuellar, apuntó que de reducirse el gasto a esa institución el papel seguridad que se utiliza para imprimir las boletas se tendría que sustituir y reducirse el número de funcionarios electorales que trabajan en la preparación de los comicios.

Recordó que sólo en la elección de 2018 hubo tres mil 222 cargos de elección popular en disputa, y en 2021 se competirá por tres mil 495 posiciones, en tanto que, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento, el padrón de votantes llegará a 96 millones de ciudadanos.

El consejero presidente recordó que la propuesta inicial de la institución para el presupuesto de 2020 fue de 12 mil 493 millones de pesos, que incluye las nuevas prácticas que han demostrado eficacia para generar ahorros en el desarrollo de las funciones esenciales del INE.

Explicó que hay tres rubros que consumen la mayor cantidad de recursos: el primero, del orden de tres mil 685 millones de pesos, la adquisición de 16 millones de credenciales en México y en el extranjero.

El segundo, por un monto de mil 700 millones de pesos, para el financiamiento de los órganos desconcentrados, que son las 32 juntas locales y las 300 distritales, en las que laboran casi dos mil 500 empleados especializados.

El tercero implica mil 260 millones de pesos que se destinarían al rubro de tecnologías de la información y de la comunicación, con los que se pretenden  ampliar los sistemas necesarios y esenciales para la actividad electoral y los servicios cotidianos.

Córdova Vianello explicó que ninguna institución del Estado mexicano, salvo el INE, pone en marcha sistemas tan especializados en el monitoreo de radio y televisión de todo el territorio nacional, lo que implica la fiscalización de campañas e inversiones de unos 417 millones de pesos.

Acompañado por algunos de los consejeros electorales, sostuvo que esta institución es un organismo autónomo, con funciones sociales para la convivencia ciudadana y con atribuciones constitucionales para que la sociedad ejerza sus derechos de participación democrática.

Concluyó que la elección de 2018 es un parteaguas en los 30 años de existencia de dicho órgano electoral, porque "la estabilidad social, económica y política emanadas de dicho proceso son una aportación invaluable del sistema electoral en cuya construcción han participado todas las fuerzas políticas".