Los siete magistrados indicaron que la modificación constitucional de Baja California no cumple con una regularidad constitucional, esto informaron tras ser solicitada su opinión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"No es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al Gobernador por voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años, pues el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema no es válido que se prorrogue el mandato", señala el TEPJF.
Asimismo, se considera que la ampliación de mandato está violando también la no reelección que está estipulada en la Constitución Federal.
"Los artículos constitucionales transitorios que han sido impugnados violan el principio de no reelección consagrado en el artículo 116, fracción I de la Carta Magna, de tal suerte que la norma impugnada resulta inconstitucional por violentar el principio de no reelección".
Se informó que el documento enviado a la Suprema Corte de Justicia, el cual es respaldado por siete magistrados, se señala que es inconstitucional.
La presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada Ley Bonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae” (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.
La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.
Elena Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.
Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.
La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.
Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.
Con el objetivo de exponer las consecuencias que provocaría la ampliación del mandato en la gubernatura de Baja California, de dos a cinco años, se llevó a cabo el foro "Dos años, no más", donde se reunieron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel y el senador Dante Delgado.
En el evento que contó con la participación de expertos en temas electorales y legales, se abordó con un enfoque crítico que la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez es anticonstitucional, debido a que la ciudadanía votó con base a los términos en que estaba hecha la convocatoria electoral.
El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas manifestó que desea que la Suprema Corte resuelva lo antes posible sobre esta controversia; “yo confío en que no darían un paso tan grave que rompiera el orden constitucional del país, la resolución debe ir en el sentido en que la ciudadanía votó, es decir, por un periodo de dos años”, expresó.
Al preguntarle sobre si cree que la ampliación a cinco años aprobada por el Congreso de Baja California es una especie de laboratorio para poder ampliar el mandato presidencial, el político michoacano fue categórico: “Yo no lo veo así, no creo que haya esa intención”.
Por su parte, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señaló que lo que los une en este rechazo a la ampliación del mandato en la gubernatura es que independientemente de ideologías, México no puede perder el camino de las instituciones.
“Celebro que haya ciudadanía que aunque sea de forma incipiente, empieza a vitalizar la forma institucional, hoy creo que estamos en las vísperas de la cuarta república, la república ciudadana”, manifestó.
A su vez, el senador Dante Delgado dijo confiar en que la SCJN resolverá en contra de la ampliación, ya que “no es constitucional, no hay vuelta de hoja; estoy confiado en que incluso rechazarán la ampliación a cinco años de forma unánime los ministros”.
Al finalizar el foro, los políticos firmaron un acta en la que manifiestan estar en contra de la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez y reiteraron que de no darse una resolución en contra por parte de los ministros, se lesionaría gravemente el Estado de derecho.
