El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció este martes cerca de cinco horas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Agregó que durante más de cuatro horas, “aporté todo lo que está a mi alcance, a efecto de esclarecer los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa”.
"Hoy estoy dándole cumplimento a ese compromiso , una comparecencia que se llevó más de cinco horas, donde fui atendido por tres agentes del Ministerio Público y en donde se retomó mi declaración original y algunas aportaciones de los últimos acontecimientos que se han presentado", señaló el exgobernador.
El entonces mandatario perredista, quien solicitó licencia al cargo semanas después de lo ocurrido en Iguala, dijo que “expliqué las acciones que realizó mi gobierno cuando tomamos conocimiento de los hechos”.
Asimismo, se comprometió a comparecer las veces que se requiera. “Toda vez que soy el principal interesado en que no exista duda sobre la actuación que tuvimos en esa noche lamentable y en los días siguientes”.
“Con mi presencia ante la Fiscalía, deseo reiterar mi compromiso con los padres de familia y las autoridades a que se conozca la verdad y se haga justicia, agregó Aguirre Rivero en la red social.
En breve entrevista a su salida de la sede de la FGR en la Ciudad de México, se desmarcó de cualquier relación política, sentimental o de negocios con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, o con su esposa, María de los Ángeles Pineda.
“Yo nunca impulsé el proyecto de José Luis Abarca para que fuera alcalde de la ciudad de Iguala, siempre me opuse”, sostuvo el también expriista.
Ante las fallas en la investigación, la reposición del proceso en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa debe retomar otras líneas para averiguar su paradero, señaló el abogado Vidulfo Rosales.
En entrevista con el periodista Gabriel Bauducco para Notimex, el defensor de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reconoció que el problema principal fueron las investigaciones irregulares y deficientes que realizó la Procuraduría General de la República (PGR).
El 26 de septiembre se cumplieron cinco años de este suceso en el que la policía municipal de Iguala, Guerrero, persiguió a estudiantes acusándolos de haber secuestrado unos autobuses, con saldo de nueve muertos, 27 heridos y los 43 estudiantes desaparecidos.
El abogado dijo que a toda costa trataron de construir una teoría del caso que consistía en que los estudiantes habrían sido detenidos por policías municipales, entregados a Guerreros Unidos, un grupo delincuencial que se los habría llevado al basurero de Cocula, donde fueron incinerados.
Afirmó que “ahí estuvo la falla de esta investigación”, aunado a otras irregularidades graves que se cometieron en el proceso, por lo cual ha quedado sin sustento jurídico con las consecuencias graves para las víctimas, para las madres y padres de familia.
Sobre la liberación de personas involucradas en el caso, opinó que no es justa pero es legal, aunque muchas de ellas sí participaron en la detención y agresión a los estudiantes; sin embargo, agregó, el tema que hay que investigar es “¿a dónde los llevaron?”.
Dijo que se ensució la investigación y hoy por hoy “no hay prueba” para mantener en prisión a estas personas, pues ni la entonces PGR ni la ahora Fiscalía General de la República hicieron el trabajo para componer el proceso y ofrecer nuevas pruebas, de tal forma que se impidiera su salida.
De las 77 personas liberadas de las 142 inculpadas originalmente, el abogado sostuvo que incluso la mayoría de ellos se desdijeron de la versión sobre el incineramiento en el basurero de Cocula.
“Casi la mayoría de ellos, en la segunda declaración que rindieron, dijeron que eso no es verdad, que ellos no saben, y que esas confesiones fueron arrancadas bajo tortura, entonces están desmintiendo ese hecho. No es que hayan contribuido, sino que alguien, agentes de la Procuraduría General de la República, mediante la tortura, los obligaron a que ellos dijeran esa verdad establecida”, expresó.
Sin embargo, dijo que hay pruebas de que gente de Guerreros Unidos se coludió con la policía municipal de Iguala en la agresión contra los estudiantes, además las investigaciones revelan que hay un conjunto de autoridades de fuerzas de seguridad que también intervinieron como las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y policías estatales.
Cuestionado sobre qué pasará con la reposición del proceso que se estableció en la reunión que tuvieron con el presidente de la República, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y padres de los normalistas, apuntó que la ruta son las nuevas líneas de investigación, algunas de ellas establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Ante la idea de que los cuerpos de los estudiantes siguen en Guerrero, mencionó que los datos de prueba recientes reunidos tanto por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia como por la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa indican que se pueden encontrar en Carrizalillo, Mezcala, Tepecoacuilco o Huitzuco, incluso en algunos lugares de la sierra.
En el caso de los desaparecidos, subrayó, es importante saber su paradero porque eso traerá tranquilidad en los corazones de los padres de familia porque para ellos cada día que despiertan es una incertidumbre, cada día que amanece, una esperanza; y cada noche una oscuridad porque no los han encontrado “y eso lo están viviendo todo el tiempo”.
Con información de Notimex.
