Gerardo Ruiz Esparza es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, así lo confirmó el titular de la dependencia, Santiago Nieto.
“Estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción con la anterior administración con OHL, también con la Secretaría de Turismo para temas de un posible desvío de recursos con el Consejo Mexicano de Promoción Turística, evidentemente de la mano con la Función Pública donde hemos detectado algún tipo de irregularidad”, dijo Nieto.
Ya se está siendo investigado en este momento”, dijo Santiago Nieto cuando se le cuestionó si el extitular de la SCT era investigado.
El titular de la UIF también indicó que se investigan posibles prácticas de corrupción en la Secretaría de Turismo de la administración anterior.
La corrupción fue “la peor herencia de las últimas décadas”, afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
“Fue la peor herencia del neoliberalismo, pero si los mexicanos continuamos trabajando juntos desde el Ejecutivo y el Legislativo, desde el Estado y la sociedad; si seguimos caminando junto a millones de mexicanos que ya están cansados de más de lo mismo; si nos unimos en esta causa común, con la que nadie que quiera a México puede estar de acuerdo, sin duda erradicaremos todo ese cáncer”, consideró.
Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, Sandoval Ballesteros subrayó que “desde la Secretaría de la Función Pública estamos poniendo todo nuestro empeño para lograrlo”.
Señaló que se combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.
Asimismo, indicó que en la Función Pública “no hay intocables, ni perseguidos”, y aclaró que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.
Explicó que dentro de la transformación instrumentada en la dependencia ya se tienen los primeros resultados, pues las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación”.
La secretaria de la Función Pública añadió que hay más de mil 500 observaciones, por un importe de casi siete mil millones de pesos, que los organismos estatales de control deben empezar a acreditar para dar inicio a los respectivos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
En materia de combate a la impunidad, la titular de la Función Pública subrayó que se ha avanzado con paso firme, pues se detuvo la simulación burocrática y se fortaleció la investigación rápida de temas muy demandados por la sociedad “y además asignamos una sanción expedita en las faltas administrativas”.
Mencionó que la confianza que ha ganado la dependencia a su cargo ante la ciudadanía se refleja en las más de 28 mil denuncias ciudadanas que recibió entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, que en sí misma es una cifra histórica, que representa un 27 por ciento adicional de denuncias que en el mismo periodo anterior.
