El mayor problema en materia de seguridad en México, durante sexenios y sexenios, ha sido el narcotráfico que tiene al país sumido en la violencia. Administraciones como la de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador han intentado combatirlo, el primero con su “guerra contra el narco” y el segundo con su discurso: “abrazos no balazos”; dos estrategias diferentes, pero de acuerdo con algunos especialistas, ambas igual de improvisadas y fallidas.
Desde hace 15 años el combate al narcotráfico y el fallo de las estrategias ha dejado graves consecuencias como el incremento de la violencia a niveles nunca antes vistos, violaciones a los derechos humanos y cientos de miles de víctimas.
Calderón buscó enfrentar al narcotráfico por medio de las fuerzas armadas, mientras que López Obrador busca hacerlo por una vía pacífica, dos estrategias diferentes, pero hasta el momento no se han visto los resultados.
De acuerdo con Animal Político, hay 16 cárteles que se disputan el control del tráfico de drogas y narcomenudeo en el país. Las dos organizaciones con más poder en México son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Por una parte, el CJNG ha ganado presencia en 24 estados, principalmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Veracruz.
El Cártel del Golfo domina tres entidades: Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, mientras que busca posicionarse en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz.
Asimismo, el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa está en seis estados: Sonora, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Sinaloa y Baja California.
Otros de los cárteles con más presencia en el país son los Zetas, aunque se creía que ya estaban desarticulados, se aliaron con el Cártel del Noreste.
También están los Beltrán Leyva operando en Sonora, Nayarit, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Querétaro, Oaxaca y Chiapas. Mientras que la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios tienen fuerza en Michoacán, Guerrero y Estado de México.
Cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia en 2006, en medio de acusaciones por un supuesto fraude electoral, una de sus primeras acciones fue comenzar una lucha contra el narco, la cual ha sido calificada como improvisada y trajo graves consecuencias al país.
Todo inició el 11 de diciembre de 2006, a pocos días de haber tomado la presidencia, Calderón desplegó alrededor de seis mil 500 elementos de las fuerzas armadas en Michoacán, en un operativo conjunto con la Policía Federal y el Ejército.
Guadalupe Correa y Tony Payan señalan en el libro “La guerra improvisada: los años de Calderón y sus consecuencias” que el “Operativo conjunto Michoacán” se dio a petición del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.
El exmandatario estatal le aseguró a Calderón en ese entonces que “Michoacán es ingobernable” y le pidió ayuda. El estado estaba gobernado por el Cártel de la Familia Michoacana, quien en septiembre de 2006 arrojó cabezas humanas en un centro nocturno.
Correa y Payan destacaron que dicho operativo fue relativamente exitoso, no sólo consiguió disminuir la violencia, sino que se decomisaron grandes cantidades de drogas y dinero. Por este golpe al narco, el expresidente se sintió confiado para continuar combatiendo el problema de inseguridad en el país.
“El operativo Michoacán cimentó el lenguaje de guerra, animó la repetición de operaciones similares, y adelantó el uso de las fuerzas armadas”, mencionan Correa y Payan en “La guerra improvisada”.
En enero de 2007 Calderón fue a la 43 Zona Militar en Apatzingán, vestido con un traje militar, en ese momento el entonces presidente le pidió a los militares continuar el combate contra los criminales. Ya se habían implementado operativos en Baja California y Chihuahua, como parte de su plan.
No obstante, los especialistas resaltan que el gobierno calderonista no se detuvo a analizar la operación en Michoacán y cómo podría aplicarse en otras entidades del país, como en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, lo que ocasionó un incremento significativo en los homicidios y desaparecidos en dichas entidades.
Felipe Calderón buscó ayuda de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país, por lo que en 2007 se firmó y en 2008 entró en vigor la “Iniciativa Mérida”.
Las negociaciones entre ambos países comenzaron en marzo de 2007 y fue consecuencia de una petición de Calderón para que Estados Unidos ayudara a combatir el tráfico de drogas y a los grupos criminales en la frontera.
De acuerdo con la cadena ‘CNN’, el acuerdo estaba basado en una responsabilidad compartida para luchar contra el narcotráfico, por una parte, México combatiría a la corrupción, mientras que Estados Unidos trabajaría reducir en el tráfico de armas y la demanda interna de drogas.
Entre 2008 y 2010 los fondos de la Iniciativa Mérida eran de 1.500 millones de dólares, los cuales fueron utilizados principalmente para equipar a los elementos de seguridad, también se acordó trabajar en conjunto para el intercambio de inteligencia para detener y extraditar a los líderes de los grupos criminales.
Pero a diferencia de lo que ambos gobiernos esperaban, la Iniciativa Mérida fracasó e incrementó la violencia en el país.
Para 2009 la violencia en México había escalado a niveles nunca antes vistos, pues Correa y Payan comentan que “era una estrategia medio improvisada”.
Y uno de los eventos clave para transformar dicha iniciativa fue la masacre de Salvárcar, de la cual hablaremos más adelante. En 2010 se modificó e incluyeron los “Cuatro Pilares”: institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de derecho; trastornar la capacidad operativa de los grupos criminales; crear la infraestructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes.
Parte importante de la estrategia del gobierno calderonista era quitar del camino a los líderes de los cárteles y aunque parecía que funcionaba las consecuencias no tardaron en llegar. El auge de la guerra contra el narco se dio entre 2008 y hasta 2010, años en los que la violencia incrementó.
En enero de 2008 se realizó el arresto de Alfredo Beltrán Leyva en Culiacán, Sinaloa. Aunque esta detención fue importante, trajo consecuencias pues Arturo Beltrán Leyva acusó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de haber entregado a su hermano a las autoridades.
A consecuencia de ello, comienza una pelea entre los cárteles. En ese momento hay una ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, y comienzan alianzas con el Cártel del Golfo y los Zetas, extendiendo la guerra.
“Indirectamente, el gobierno tiene que ver con el rompimiento que se da por la detención de Alfredo, el Mochomo, Beltrán Leyva en enero de 2008 […] esta detención es importante porque aquí se da el rompimiento y después la guerra se desplaza a Ciudad Juárez por movimientos tácticos del Chapo”, aseguran los expertos en “La guerra improvisada”.
Para el 2009 Ciudad Juárez alcanzó el máximo nivel de violencia y fue nombrada como la ciudad más violenta del mundo, con dos mil 600 asesinatos ese año y tres mil 600 en 2010.
Hubo varios eventos que marcaron el sexenio de Calderón y su llamada guerra contra el narco, uno de ellos fue la masacre en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez que dejó a 15 jóvenes sin vida.
El 31 de enero de 2010 hombres pertenecientes a la pandilla ‘Los Aztecas’, aliados del Cártel de Juárez, asesinaron en la colonia Salvárcar a 15 jóvenes que eran estudiantes.
El grupo criminal confundió a las víctimas con miembros de otra pandilla aliados del Cártel de Sinaloa. Las declaraciones de Calderón fueron criticadas debido a que, sin antes averiguar, aseguró que los jóvenes fueron asesinados porque eran delincuentes.
El 11 de febrero la madre de dos de las víctimas enfrentó al expresidente y le exigió que se retractara.
Luego de este acontecimiento, el gobierno implementó el plan “Todos Somos Juárez” en el que se destinaron tres mil 383 millones de pesos. El programa establecía 160 acciones en temas de economía, empleo, salud, educación, desarrollo social y seguridad.
Otro de los eventos que marcaría el sexenio de Calderón ocurrió el 24 de agosto de 2010, cuando se encontraron 72 cadáveres de migrantes en una bodega en San Fernando en Tamaulipas.
El lugar se pudo encontrar gracias a un migrante que escapó, aunque posteriormente murió en un hospital por la gravedad de sus heridas.
No obstante, hubo otro sobreviviente y reveló que sicarios de los Zetas los secuestraron cuando viajaban en dos autobuses sobre San Fernando-Matamoros, posteriormente fueron trasladados a una bodega para unirlos a las filas de los Zetas, pero los migrantes se negaron y como represalias los vendaron y los asesinaron a balazos.
El 25 de agosto de 2011, se registró un atentado en el casino Royale en Monterrey, Nuevo León, donde 52 personas perdieron la vida. Los hechos ocurrieron cuando los Zetas llegaron al lugar para reclamar el cobro de piso, pero los dueños no accedieron y atacaron con bombas molotov y bidones de gasolina pese a que el lugar estaba lleno de gente.
El uso de las fuerzas armadas fue fundamental para la estrategia contra el narco de Felipe Calderón, pero a la vez también fue muy cuestionado, pues se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, sin mencionar la corrupción que había dentro de estas.
“Al haber declarado una guerra contra el crimen organizado el presidente comprometió a las fuerzas armadas en una lucha campal que la delincuencia organizada parece haber aceptado con gusto […] las confrontaciones entre los militares y los delincuentes organizados se tornaron cada vez más sangrientas […] a los militares se les comenzó a acusar no sólo de corrupción, sino de cometer delitos y desapariciones forzadas”, puntualizan Correa y Payan.
Las violaciones a los derechos humanos no sólo se hacían contra miembros de los grupos criminales, sino también contra la población. En marzo del 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey fueron asesinados por elementos del Ejército.
Los militares alteraron la escena del crimen y les colocaron armas a los cuerpos de las víctimas, a quienes acusaron por pertenecer a un grupo armado.
Sin embargo, años después se dio a conocer que la versión de los militares y apoyada por Calderón no fue cierta. En 2019 se informó que ambos eran estudiantes de excelencia y el gobierno pidió disculpas.
Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 puso el fin a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, pues aseguró que su gobierno quiere paz. No se cansó de repetir su frase “abrazos no balazos” para hacer frente a los grupos criminales.
De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, luego del triunfo de Morena el 6 de junio de 2021, cuando Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas, el gobierno encabezado por López Obrador estaría planeando una estrategia de pacificación. Destaca que el objetivo es negociar “nuevas reglas” para disminuir los homicidios dolosos.
Para especialistas en tema de seguridad, la estrategia de López Obrador para combatir a los grupos criminales no es clara y aseguran que difunde un mensaje confuso.
“El mensaje es confuso precisamente porque, por una parte, no se les empodera para realizar su labor, al mismo tiempo que se les comunica a los delincuentes que las fuerzas armadas no los van a enfrentar”, señalan Correa y Payan.
En este mismo punto coincide el periodista Jorge Fernández en su libro “La nueva guerra: del Chapo al fentanilo” pues destaca que López Obrador “al declarar el fin de la guerra contra el narco y al decir que no era función del gobierno armar operativos para perseguir a los capos, les había tendido más que una mano, les estaba hablando de una suerte de borrón y cuenta nueva”.
Un intento de golpe al narcotráfico por parte de la actual administración fue el famoso ‘Cualicanazo’ para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.
Ovidio se movía libremente por Culiacán pues no existía una orden de aprehensión en su contra, pero el capo no sabía que tenía una orden de extradición. Ovidio llegó a su casa alrededor de las 14:00 horas e inmediatamente un comando armado ingresó. Le pidieron que se entregara mientras las autoridades esperaban la orden judicial.
Unos 20 minutos después de que el comando armado llegara a detener a Ovidio, comenzaron agresiones contra los elementos de seguridad que estaban al exterior de la casa. Además, sicarios de otras ciudades comenzaron a trasladarse a Culiacán y ofrecían entre 20 mil y 40 mil pesos a quienes quisieran unirse en los bloqueos, esto de acuerdo con el periodista Jorge Fernández en su libro “La nueva guerra”.
La situación se tornaba aún más complicada cuando un convoy del Ejército fue retenido y una pipa de combustible fue secuestrada, con la cual amenazaron que estallarían dentro de una unidad habitacional donde viven familias de militares.
Después de cuatro horas de que inició el operativo el comando se retiró y dejó en libertad a Ovidio Guzmán, también alrededor de 50 reos escaparon. El saldo fue de un soldado muerto.
“Jamás se había visto un levantamiento de esa intensidad para evitar una detención, pero sobre todo nunca se había claudicado de tal forma ante la presión de los criminales”, menciona Jorge Fernández.
El culiacanazo mostró a un gobierno débil ante él los cárteles y fue el primer fracaso de la estrategia de la administración de López Obrador para enfrentar el narco.
El gobierno del presidente López Obrador ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para enfrentar al narco, con el bloqueo de cuentas y con el combate a la corrupción.
“… ya en la actual administración con el presidente López Obrador, la posibilidad de que forme parte de la estrategia (la UIF) de combate a la corrupción […] y por otro lado, el combate a los grupos delincuenciales, a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales”, mencionó Santiago Nieto, extitular de la UIF, en entrevista para Jorge Fernández.
El discurso del presidente de “abrazos no balazos” y su estrategia para pacificar al país no ha rendido frutos hasta este momento. México está en un momento de violencia imparable, puesto que la guerra entre los cárteles no cesa, principalmente en Michoacán, un estado con constantes balaceras, bloqueos y asesinatos.
También en Chiapas se registran altos niveles de extorsión, saqueos y amenazas, mientras que en Tamaulipas y Quintana Roo se han encontrado narcofosas. La violencia por la pelea entre grupos criminales se extiende además en Guanajuato y Zacatecas.
Uno de los hechos más recientes fue la masacre registrada en Michoacán, cuando un grupo de hombres armados sometió y asesinó al menos a una decena de civiles, de acuerdo con las autoridades esto se trató de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.
Desde que Felipe Calderón inició su llamada guerra contra el narco hasta mayo de 2001, han sido asesinadas alrededor de 350 mil personas y hay más de 72 mil desaparecidos.
